SOBRE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES.
No dejan de esquilmar a la clase trabajadora. Primero el gobierno, que ha arrojado los derechos conquistados a lo largo de muchos años de los trabajadores, a la pocilga de los cerdos. Con leyes rodillo, ha desposeído de contenido y derechos, todos los contratos laborales.
Y ahora las empresas, que sólo parecen tener interés en contratar a aquellos/as personas que tengan una minusvalía igual o superior al 33% por las ayudas que el Estado da para la contratación de este colectivo ó beneficiarse exclusivamente de las ayudas que el Estado dé para la contratación de nuevos trabajadores. Eso si, con unas condiciones laborales y salariales que nos acercan a la época de la transición. Basta darse una vuelta por los portales de empleo para ver la realidad que han forjado los gurús de economía del gobierno.
Manifestarse frente a Instituciones y Organísmos Públicos, falta administrativa!!.
No podemos decir que esto sea fruto de una inconsciencia o desconocimiento de cómo funciona la economía real. Es fruto de la incompetencia de un gobierno tras otro, que han regido los destinos de España en las últimas décadas, endeudando al país de manera irresponsable. La Cruz Roja Española y Cáritas, vienen diciendo desde hace unos años, que se encuentran desbordados ante la gran demanda de suministros de productos de primera necesidad por parte de la población.
Si no se crean puestos de trabajo estables en el tiempo y de calidad, la clase media no podrá sobrevivir y este país conocerá la mayor crisis de su historia económica desde la Guerra Civil Española, por la imprudencia de nuestra clase política respecto a la facilidad para que los empresarios traten a la clase trabajadora como mano de obra barata y carente de los más mínimos derechos laborales. Las realidades de los países, son diferentes y no se pueden extrapolar legislaciones de unos estados a otros, como tampoco se puede pretender competir a costa de los salarios. Disiento de quienes así lo persiguen, porque no puede existir homogeneidad en un mundo que es plural y diverso y eso incluye a la legislación en materia laboral de un país.
El objetivo ahora es el despido gratuito, en un intento de adaptar la legislación laboral a la economía real que a pulso han obtenido con políticas regresivas. No tienen prisa sin embargo en equiparar el salario mínimo interprofesional al de países como Francia o Alemania para converger a nivel europeo.
Millones de personas han perdido sus puestos de trabajo, ante la indefensión a la que se han visto sometidos frente a la aplicación de nuevas políticas de despido que ningunean al trabajador en todos sus derechos con recovecos a los que se adhieren las empresas para despedir en el mejor de los casos, con indemnizaciones ridículas, que no proporcionan el suficiente capital para poder rehacer la vida laboral con suficiente tiempo en un contexto económico difícil. Estas indemnizaciones no serían un quebradero de cabeza para las empresas, si hicieran provisión de este concepto en las nóminas de los trabajadores, reteniéndo la cantidad proporcional que corresponda según la legislación laboral vigente y depositándola en un fondo creado al efecto en la Seguridad Social. Para que esto sea posible, los salarios de los trabajadores, deben estar acordes con la carga impositiva que soportan.
Muchas empresas ponen en práctica la movilidad de sus trabajadores hacia otras ciudades, para obligarles a renunciar a sus puestos de trabajo, además de aplicar E.R.E.s fraudulentos, que lo que persiguen es mantener el puesto de trabajo a costa del erario público.
SOBRE LA VIVIENDA.
En otro orden de cosas, sólo en España encontramos una legislación tan retorcida como injusta, que permite que los bancos se queden con tu casa cuando te declaras insolvente al no poder hacer frente al pago de una deuda hipotecaria. No solo no puedes saldar la deuda pendiente que tengas, parcial o completamente con la cesión de tu casa al banco, sino que los bancos se quedan con tu casa y sigues teniendo la deuda contraída con ellos. Es la perversión y el robo legal de banqueros y gobiernos sobre sus ciudadanos. Nunca mejor dicho aquí el dicho, «quien hace la ley, hace la trampa». En España se ha luchado mucho sobre este asunto, pero la dictadura de la clase política unida a la oligarquía financiera, han evitado unas medidas sociales que deberían de haberse impuesto desde hace muchos años por principio de justicia social y razonamiento lógico. Muchas personas, desesperadas por perder su casa, se han quitado la vida. Sin embargo en la reciente crisis bancaria (préstamos bancarios concedidos sin prudencia alguna), hemos tenido que ser los ciudadanos, los que rescatásemos con el dinero público a los bancos nacionales de sus agujeros negros, en vez de haberlos dejado caer.
http://www.youtube.com/watch?v=LtNBnc6khHg
SOBRE EL NUEVO ANTE-PROYECTO DE LEY DE SEGURIDAD CIUDADANA.
El Ante-Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana ha sumado un paso más en la coacción para ejercer libremente derechos amparados por la Constitución Española. Se recogen en el mismo, estas «joyas», que son faltas de carácter administrativo, que por tanto no se sujetan al dictamen de un juez y por ello, susceptibles de no ser objetivas y si arbitrarias.
Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales, siempre que se produzcan al margen de los procedimientos legalmente establecidos y no sean constitutivos de delito.
La autoridad es siempre la que manda, esté en razón o no en sus actuaciones, negando al ciudadano el libre ejercicio de su propia defensa frente al poder de la autoridad. La obstrucción a los desahucios en defensa de los más débiles, se considera como una falta grave.
La perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos, celebradas con inobservancia de los requisitos previstos en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio.
Inaudito. Se nos niega el manifestarnos de forma pacífica frente a las Instituciones que nos representan…
Las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana, violentos, delictivos o que inciten, promuevan, ensalcen o justifiquen el odio, el terrorismo, la xenofobia, el racismo, la violencia contra la mujer, o cualquier forma de discriminación, siempre que no sean constitutivas de delito.
Este aparente punto razonable de la Ley de Seguridad Ciudadana, prohíbe taxativamente la libertad de expresión de forma pacífica en su primera línea del texto:
Las manifestaciones públicas escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio. Todo un desafío para la ciudadanía, a la que se quiere criminalizar cuando se manifieste de forma pacífica y a nivel individual o colectivamente.
Las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad…
Volvemos a limitar la libertad de expresión.
La ocupación de cualquier espacio común, público o privado, fuera de los casos permitidos por la ley o contra la decisión adoptada en aplicación de aquélla por la autoridad competente…
Negación del derecho a la manifestación de manera espontánea. Pretenden regular las libertades más elementales. Todo este ante-proyecto se enmarca en el ámbito administrativo, una forma más de esquilmar la economía de los ciudadanos a costa del ejercicio de sus libertades.
La clase parásita sigue manteniendo sus privilegios sin ninguna vergüenza, porque no la tienen. Siguen existiendo alcaldes que cobran más que un presidente de gobierno. También seguimos teniendo más de 400 consejeros en el gobierno. Necesitar 400 consejeros, es no tener ni idea de cómo gobernar. El cáncer de la corrupción política ha llegado hasta la Justicia, en la que el poder político se inmiscuye sin contemplaciones.
La multitud de manifestaciones que se vienen celebrando en España casi a diario, nos recuerdan tiempos atrás en el que la democracia se abría paso como un vulnerable recién nacido. La diferencia ahora es, que llevamos un largo camino recorrido en lo que se supone debería de ser un sistema de gobierno democrático consolidado. Por esta razón, se evidencia cada vez más, que este sistema no funciona porque lo han dinamitado la propia chusma política, para usarlo en su propio beneficio.
Del mismo modo, la soberanía del pueblo español ha sido vendida a la Unión Europea. No se puede considerar un estado como soberano, si no tiene capacidad para regir sus políticas económicas, al margen de instituciones políticas ajenas.
«La primera responsabilidad de cada ciudadano es cuestionar a la autoridad»
Benjamín Franklin.
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