La Democracia no funciona en España. La independencia de los jueces, en jaque permanente.

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El espíritu de independencia de la Justica, quedó reflejado en su primera andadura, con la creación del Consejo General del Poder Judicial, y su regulación en la elección de los 20 miembros que componen dicho Consejo General del Poder Judicial, CUATRO elegidos por el Congreso, CUATRO, por el Senado, y 12 entre jueces y magistrados de diferentes categorias, según la LEY 1/1980. Hoy esta Ley, se ha mancillado y los políticos han interferido en esta independencia.

«Creo que hay más ejemplos de la disminución de la libertad de la gente por medio de la silenciosa interferencia de los que están en el poder, que por el violento uso de la fuerza» JAMES MADISON.

 

El caso de la reforma del Consejo General de Poder Judicial, que actualmente está obstruyendo el partido con mayoría absoluta que gobierna España, es de una indecencia intolerable, negándose a que la separación de poderes sea efectiva, como marca la Constitución. No sólo este gobierno ha obstaculizado este proceso, sino todos los gobiernos anteriores, para ejercer una influencia sobre la Justicia, que no les corresponde.

El malestar de los mismos jueces y magistrados que componen el poder judicial, se viene haciendo patente ya desde hace mucho tiempo.

Nos resúlta un verdadero insúlto esta injerencia política y viene a corroborar que hay una distancia abismal entre los gobiernos y el pueblo al que representan. Y esta circunstancia, no es nueva. Esta ruptura, se produce por la repetida imposición de políticas de gobierno, que no se ajustan a un consenso entre las diferentes fuerzas políticas que componen el Parlamento.

Los partidos políticos, no pueden designar a los vocales del órgano de gobierno de los jueces. Y lo están haciendo, vulnerando la independencia del poder judicial, consagrada en nuestra Constitución.

Más de 350 magistrados, han firmado un manifiesto en contra de esta reforma que obstaculiza dicha independencia. En este significativo manifiesto se recalca que, «en un momento de especial trascendencia para la clase política como la que se vive actualmente, inmersa en centenares de casos de corrupción, dicha intromisión en la Justicia, vulneraría la independencia en sus sentencias condenatorias y en la propia investigación de estos casos de corrupción».

Pero además, destaca que «en poco más de un año se han llevado a cabo importantes decisiones políticas que han supuesto un retroceso de las libertades de la ciudadanía, quebrando la convivencia pacífica y constructiva alcanzada, destacando la reducción a la mínima expresión, de los derechos sociales con la reforma laboral. Se han recortado servicios públicos básicos, como la sanidad y la enseñanza, sin que haya existido ninguna medida equivalente en la clase política, en las grandes empresas privadas o en la estructura ineficaz de la administración territorial del Estado».

Lo más importante que destacan es que, la administración de Justicia, debe de ser un núcleo esencial de transparencia y eficacia del Estado, en un momento «en que cada vez son más quienes acuden a la Justicia como el último recurso para la protección y defensa de sus derechos».

El gobierno ha ido debilitando la delicada estructura judicial, quitando recursos humanos y materiales, dejándola desprovista de una mínima efectividad. Así la tutela hacia los grupos de personas más vulnerables en casos de litigios es inoperante, trabajadores y desahuciados, se ven actualmente inmersos en procesos que duran más de un año hasta que se celebran los juicios. Esto no parece ni razonable ni mucho menos admisible en un país europeo como España.

La defensa de la Justicia, lo que significa su independencia del poder político y su normal y correcto funcionamiento, dotándola de recursos humanos y materiales, supone un pilar básico para que un estado de derecho sea considerado como tal. De ahí que su defensa sea un valor de primer orden que compete no sólo al ámbito jurídico y político en el que la Justicia está enmarcada, sino al conjunto de toda la ciudadanía.

En uno de los Post que se publicó en Horizontes Perdidos, hablámos sobre la plataforma «Reconversión».

Dicha plataforma, surge a raíz de la enorme preocupación que está suscitando la degeneración de nuestro sistema democrático instaurado en 1978. Los partidos políticos han hecho de la Constitución un sayo propio, incumpliéndola, modificándola, pervirtiéndola y adaptándola a sus propios intereses.

Esta plataforma de ciudadanos ha convocado para el dia 23 de mayo un acto en el Hotel Convención de Madrid (calle O`Donnell, 53), a las 19:00h. a la que todos los ciudadanos de bien están invitados.

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